COLUMNA. Sábado, 12 marzo 2016.
'Conflicto de Derechos' por Jacqueline Campos
En vísperas de una madrugadora Semana Santa, el
incipiente perfume de incienso que tradicionalmente se convierte en el
ambientador de las calles de la Costa del Sol, se ha visto empañado por el
hedor que desprendían las toneladas de basura tirada en las calles de la
capital de la provincia. Olores e imágenes que han llegado hasta la Bolsa
Internacional de Berlín ya que los propios hoteleros advertían de un frenazo
acusado en las reservas para la primera temporada alta que experimenta el
turismo en la costa. Y aunque el problema, que afortunadamente se ha solucionado, ha tenido lugar a unos kilómetros de Marbella, éste nos
repercute.
La huelga de los servicios de limpieza pública de
Málaga pone en la mesa los graves perjuicios que este tipo de conflictos
laborales provoca en la ciudadanía y a los intereses generales de la ciudad.
Vemos también que, muchas veces, el tratamiento que se da a las situaciones de
confrontación y la actitud que adoptan los responsables políticos son muy
diferentes dependiendo de su color político. Sin embargo, en Málaga ha hecho
falta que los ciudadanos salgan a la calle para expresar su descontento, yo
diría más bien su rabia, por la situación en la que se encuentra la bella
capital de la provincia, muy cercana ya al peligro de salud generalizado ante la
enorme cantidad de basura, más de 4.000 toneladas, esparcida por todas las
calles y plazas de una ciudad que ha apostado justamente por el turismo urbano
y cultural.
A estas alturas del siglo XXI nadie en su sano
juicio puede poner en cuestión el derecho a la huelga. Realmente no solo eso,
sino que nos encontramos con un derecho de carácter fundamental, pues así lo reconoce
la Carta Magna, como instrumento de los trabajadores para la defensa de sus
intereses. Incluso aunque la Constitución de 1978 no lo hubiera reconocido,
estaríamos en una situación similar porque los Convenios de la Organización
Internacional del Trabajo, de la que formamos parte, reconocen ese derecho de
una forma incontestable. Sin embargo, hay que decir claramente que en un punto
que afecta de forma continua a aspectos esenciales de la vida de los
ciudadanos, los partidos no han dado la talla puesto que el mencionado texto
constitucional también dice que la ley que regule el ejercicio del derecho de
huelga establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los
servicios esenciales de la comunidad.
Pues bien, han transcurrido ya casi cuarenta años
desde que se promulgó la Constitución y, sin embargo, ninguno de los gobiernos
y mayorías parlamentarias que han tenido la responsabilidad de hacer las leyes
que requiere la sociedad, ya fueran de un signo o de otro, han tenido las agallas
suficientes para meterle mano a esta ley que es difícil, pero es un mandato
constitucional que se han pasado por el forro. Y como consecuencia de ello todos
los ciudadanos tenemos que soportar lo que, en este caso, han aguantado estos
días nuestros vecinos malagueños.
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