'Hacienda somos todos' por Jacqueline Campos
Es evidente que a la gran mayoría de los ciudadanos no les gusta
esta frase. Vamos, que no quieren ser Hacienda, que siempre aparece como una
institución que persigue y sanciona, embarga y amarga a la gente. Sin embargo, estoy segura que la mayoría de los ciudadanos
estarían dispuestos a afirmar que los servicios públicos somos todos. Bueno, al fin y al cabo, es lo mismo. Pero sí conviene
recordar que el Ministerio de Hacienda es el que recauda la mayor parte de los
impuestos y quien, a través de los presupuestos, reparte los ingresos a los
distintos ministerios, organismos, comunidades autónomas, ayuntamientos, etc. Traigo esto a colación, para decir lo mismo que la vicepresidenta
Soraya Sáez de Santamaría cuando explicaba el plan aprobado por el Gobierno
para combatir el fraude fiscal, refiriéndose gráficamente a que se había
acabado ya la preguntita famosa de “lo quiere usted con IVA o sin IVA”.
Estamos naturalmente de acuerdo con esta
campaña y especialmente que se transmita de manera docente. Incluso la idea de que
quien defrauda en el pago de sus impuestos, defrauda también a todos los que
requieren de los servicios públicos que, naturalmente, solo pueden ser
mantenidos sobre la base de la solidaridad general que significa el pago de los
impuestos según la capacidad económica de cada ciudadano. Asimismo, no pagar
los impuestos debidos pone de manifiesto un escaso sentido democrático. Al fin
y al cabo, la democracia actual está basada en una serie de servicios públicos
esenciales sin los cuales carece de sentido hablar de sistema democrático.
Me parece bien, por tanto, que se
programen estrictos planes de persecución al fraude fiscal y a los defraudadores,
que se destinen los inspectores y subinspectores necesarios a este fin y
también que se endurezca la normativa. Sin embargo, entiendo que hay unos
límites que no se deben traspasar, so pena de perjudicar a los ciudadanos
normales en lugar de a los defraudadores. Por eso, la novedad de que se
autorice a los inspectores de Hacienda a decretar embargos preventivos cuando
tengan sospechas de fraude, me parece bastante peligrosa. Mientras se dote a
estos inspectores de un arma que no permitirá discusión alguna, tengo por
seguro que las victimas serán, en su mayoría, ciudadanos normales y que existirá
menos margen de actuación legal para el ciudadano de a pie.
Por otro lado, me parece totalmente fuera
de lugar que se hable de que algunas infracciones fiscales no prescribirán y que
recibirán el mismo tratamiento que un delito de genocidio o asesinato
terrorista. O lo que es lo mismo, decir que un delito de violación tiene un
plazo de prescripción, un tiempo durante el cual puede ser perseguido y penado
el autor de ese crimen, mientras que una infracción administrativa fiscal será
imprescriptible. Esto no es fácil de comprender o, mejor dicho, no hay quien lo
entienda. ¿Qué les parece si se declarara imprescriptible el delito de
financiación ilegal de partidos políticos, el cohecho, la administración
desleal de sociedades u organismos públicos o la prevaricación? por
ejemplo.
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