'Extranjeros, sí gracias' por Jacqueline Campos
La obtención de permiso de residencia en un país, como
consecuencia de la compra de propiedades en el mismo, no es un concepto nuevo
ni una novedad a nivel internacional. Dentro de la propia Unión Europea, Portugal e Irlanda
han implantado programas para otorgar la residencia oficial a los adquirentes
de propiedades, estableciendo el importe de la adquisición inmobiliaria en
500.000 y 400.000 euros respectivamente, frente a los 160.000 euros que, según
parece, tiene previsto fijar el Gobierno español. También en la UE, Lituania ha
introducido normas de incentivos similares pero la cuantía mínima para
conseguir la residencia se ha fijado en un importe inferior, concretamente en
140.000 euros.
Fuera, Panamá tiene en
vigor una normativa parecida mediante la
cual se requiere una inversión mínima de 300.000 dólares pero con la
particularidad de que dicha inversión puede dividirse entre la inversión
inmobiliaria propiamente dicha y la
financiera. O simplemente de depósito en un banco nacional del país. También Colombia, que como se
sabe, tiene una pujante economía, ha publicado disposiciones legales similares
y ha establecido la inversión requerida entre 100.000 y 200.000 dólares
dependiendo del tipo de residencia. Por
otro lado, otros trámites burocráticos de control de extranjeros como son los
visados turísticos, al menos cuarenta países han disminuido sensiblemente los
requisitos para su obtención o simplemente los han eliminado, con el propósito
de facilitar el movimiento de turistas hacia tales países.
Pero volviendo al tema de obtención de permisos de
residencias vinculados a la adquisición de propiedades, sin duda alguna, puede
constituir una medida que favorezca la reducción del stock de viviendas
actualmente existente en España y por tanto puede ayudar a la recuperación del
mercado inmobiliario de una manera sustancial. Pensamos que la cuantía
establecida tanto por Portugal como Irlanda es excesiva y por lo tanto la
mejora del mercado inmobiliario no será sustancial. Por lo que nos inclinamos, para
una mayor efectividad de la citada medida, en establecer el importe mínimo en
la cantidad propuesta por nuestro gobierno.
Esta medida, en el caso de que se implante, favorecerá tanto
la recuperación inmobiliaria como la recaudación de las administraciones
públicas, que como consecuencia de la crisis, se ha visto especialmente
afectada por la casi desaparición de las transacciones inmobiliarias. De esta
forma, IVA e Impuesto de Transmisiones Patrimoniales favorecerán las arcas de
la hacienda nacional y autonómica, al igual que el impuesto de plusvalía
municipal y el IBI ayudará a los Ayuntamientos. Este tipo de operaciones
generarán actividades profesionales y servicios que implican riqueza y empleo,
por lo que producirá efectos múltiples en la línea positiva que necesitamos
para la mejora de nuestra situación social y económica.
Una de las claves de la salida de la crisis en la que nos
encontramos es la reactivación del mercado inmobiliario, que los bancos vayan
saliendo de la inmensa cantidad de inmuebles incluidos en sus balances porque
es la única forma en que podrán volver a dar créditos para otras actividades. Las críticas sobre que esta
medida favorecería la entrada de mafias, no tienen sentido puesto que ya
tenemos una ‘jartá’ de ellas y, en todo caso, correspondería a la Policía
detectar estos supuestos casos. Pero más mafia entra por los negocios de
prostitución, drogas y otras actividades y aquí nadie se rasga las vestiduras.
Esta medida favorecería a la Costa del Sol y a Marbella, en
particular, por su atractivo y especial oferta residencial, por lo que se echa
en falta que nuestras instituciones como Confederación de Empresarios, Cámara
de Comercio y Ayuntamientos, no estén desplegando todos los esfuerzos posibles
para hacer realidad esta medida lo antes posible. Y es que a veces parece que
estamos auténticamente huérfanos en esta tierra nuestra y no se sabe qué es lo
que tiene que ocurrir para despertar las conciencias. Que el paro juvenil supere
el cincuenta por ciento no basta y que éste porcentaje sea superior al de
algunos países más pobres que el nuestro, no es suficiente para clamar al cielo
y pedir todas las medidas que realmente reducirían el desempleo.
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